Abstract: The main idea of this article is that, in order to assure the access to the city and the guarantee of non-repetition to the victims of the Colombian armed conflict, it is necessary to recognize them as human beings -without homogenizing them-, and reduce the levels of residential segregation in the projects of Priority Interest Housing, that even though they were created as a strategy for land restitution and poverty reduction, they perpetuate the dividing lines among social strata, and limit the access of this population to some basic rights.

Keywords: forced displacement, residential segregation, right to the city, right to decent housing, Priority Interest Housing

Resumen: La idea principal de este artículo es que para asegurar el acceso a la ciudad y la garantía de no repetición a las víctimas del desplazamiento forzado dentro del conflicto armado colombiano, es necesario reconocerlas como seres humanos –sin homogenizarlas-, y disminuir los niveles de segregación residencial en los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario, que aunque se crearon como una estrategia de restitución de tierras y disminución de la pobreza, perpetúan las líneas divisorias entre estratos sociales y limitan el acceso de esta población a algunos derechos básicos.

Palabras clave: desplazamiento forzado, segregación residencial, derecho a la ciudad, derecho a la vivienda digna, Viviendas de Interés Prioritario

Romero, Y. P. (2014). Víctimas en la ciudad. Revista Justicia y Derecho, 2, 53-60.

Colombia es un país que ha vivido por más de 50 años en un conflicto violento interno cuyos victimas principales han sido la población civil especialmente las que se ubican en territorios rurales, el huir para estas personas de sus territorios trajo consigo la perdida no solo de sus propiedades sino de redes de apoyo y familia refugiándose en las ciudades como una forma de poder librarse de las consecuencias no merecidas de la violencia, sin embargo en muchas ocasiones las ciudades se vuelven espacios de repetición de los hechos violentos por las dinámicas sociales propias de lo urbano, los prejuicios que se crean en torno al tema y las exigencias legales que demanda el estado para garantizar los derechos perdidos frente a los actos violentos.

Una de las estrategias que se planteó el gobierno nacional para restituir los derechos ha sido la entrega de viviendas de interés social e interés prioritario, sin embargo estas se han convertido en focos de violencia entre la población restituida y los residentes del nuevo territorio que habita, debido al rechazo social que existe por el estigma que sobre ellos ha sido impuesto; otro factor que influye es, la segregación residencial pues éstos son ubicados generalmente en la periferia de la ciudad, donde se encuentran aislándolos de los servicios y beneficios que ofrece la urbe. ¿Qué se debe hacer para enfrentar este tema, para no homogenizar a esta población y acabar con el estigma social que sobre ellos recae?

Para responder este interrogante se plantea un recorrido conceptual y un esbozo histórico acerca del desplazamiento forzado, su génesis y consolidación, así como los problemas que enfrenta esta población frente a las dinámicas entre la relación ciudad y campo y las políticas diseñadas para la restitución de sus derechos. Finalmente se plantean algunas consideraciones que posibiliten el acceso digno de la población restituida a la ciudad.

En Colombia, el desplazamiento forzado (DF) es considerado un delito de lesa humanidad; es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración, asociado en primer lugar a factores estructurales como la tenencia, distribución y control de territorios estratégicos, exclusión social, represión política, entre otros, y en segundo lugar a factores coyunturales como el narcotráfico, el surgimiento de actores armados y los enfrentamientos, entre otros, que en últimas tiene como trasfondo intereses económicos y políticos.^[3]

Este fenómeno genera una serie de pérdidas y trasformaciones abruptas que afectan dramáticamente la seguridad y la capacidad de autonomía sobre la vida de los sujetos afectados.^[4]

Esto ocasiona desestabilidad emocional, de identidad, desarraigo, y deterioro en la salud física y mental, afectaciones que no culminan con el solo hecho de movilizarse, ya que en el nuevo lugar de residencia las víctimas no solo se enfrentan a una restructuración como familia, sino que deben adaptarse a las dinámicas que ofrece la ciudad en donde por lo general son sometidas a la segregación socio-espacial (ubicadas en la periferia) y a la estigmatización en el micro-territorio donde se reacomodan.^[5]

En nuestro país este flagelo es reconocido a nivel estatal a partir de 1995, sin embargo, solo hasta 1997 se promulgó la ley 387, en la cual se define la condición de desplazado, y se establecen los parámetros para superar los impactos del DF y recuperar totalmente la capacidad de ejercer los derechos vulnerados. De esta forma, el artículo 1 ibídem entiende por desplazado:

“[…]toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público.”

Paralelamente, desde 1996 se empieza a levantar un censo de los afectados mediante el Registro Único de Victimas (RUV) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) que permiten una aproximación a las cifras reales de los afectados.^[6]

Entre 1996 y 2005 en Colombia se vivió con más intensidad y crueldad la violencia, degradando y agudizando el conflicto armado, situación que hizo más crítica y dramática la situación de la población, que se vio forzada a abandonar sus territorios.^[7] Las cifras indican que cada hora 26 personas fueron desplazadas en el país y que desde 1958 a 2013 se registran 4.744.046 personas en condición de desplazados forzados mostrando un panorama aterrador,^[8] ya que estos son el resultado de la implementación de todas las modalidades de violencia.^[9]

Los municipios en estado crítico a causa de este fenómeno, según Estadísticas del Centro de Memoria Histórica son:^[10] Santa Marta, Fundación, Valledupar, El Carmen de Bolívar, Turbo, Apartado, Medellín, Ríosucio, Buenaventura, San José del Guaviare, Tumaco, Puerto Asís, Tibú, Tierralta y Tame, que representan buena parte del territorio nacional y son atractivos por sus riquezas y ubicación estratégica.

No es desconocido que las dinámicas de movilidad forzada están asociadas a la historia de violencia que enfrentan los países; en el caso colombiano, la práctica del conflicto armado se reseña desde 1958 y ha estado caracterizada por ser prolongada cronológicamente, y heterogénea en el tiempo y en el espacio, lo que ha propiciado que sea cambiante en cuanto a actores, actuaciones, localización, legitimación, etc. Además ha sido fragmentada debido a la ubicación geográfica,^[11] y también ambigua por los cambios políticos, económicos, de intereses, y demás eventos relacionados con la impunidad, la represión, los avances y retrocesos en procesos de paz, entre otros,^[12] cuyos impactos han sido abrumadores, pues según las cifras reportadas hasta 2012, eran 220.000 víctimas mortales desde 1958, de las cuales el 81,5% corresponden a población civil.^[13]

En Colombia el conflicto armado ha convertido a la población civil en su principal blanco en la estrategia de guerra de los actores armados principalmente de guerrillas, paramilitares y miembros de la fuerza pública, cuyos ataques se caracterizaron por la combinación de modalidades letales (como asesinatos selectivos, masacres, atentados terroristas, etc.) y no letales (como secuestros, ataques a la integridad física y psicológica de la población, torturas, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, ataques a bienes materiales cívicos, reclutamiento ilícito de menores, etc.) Cada una de estas acciones se hizo de forma premeditada, calculada, ejecutada con sevicia y degradando la humanidad, con el único propósito de ganar soberanía, control y legitimidad en un territorio determinado.^[14]

En este sentido, las prácticas del conflicto armado han sido la base de una problemática que no solo ha fragmentado el país, también ha marcado la historia del pasado, presente y futuro de Colombia a nivel económico, social, político y cultural. Esta situación persiste porque las bases de la guerra permanecen y hacen alusión a la tenencia de tierras y exclusión política.

IV. Las víctimas en su búsqueda de arraigo, entre el derecho a la ciudad y las garantías de no repetición

Ahora bien, las afectaciones que ocasiona el DF a nivel emocional y material durante el éxodo son considerables, pero lo que es más notorio es el sentimiento de desarraigo, que a su vez genera en el sujeto la sensación de vulnerabilidad e inestabilidad:

“Es que al desplazado no le importa tanto lo material que pierde, sino la pérdida de su base social, su arraigo, su entorno. […] allá me estaba yo con mi gente, con mi comunidad […] Esa era mi vida: mi grupo de danza, mi casa de la cultura, los viejitos […] era un modo de vida que eso no tiene precio […] para mí, lo más doloroso es el desarraigo: apartarse de su entorno, de su paisaje, de su óptica habitual.”^[15]

Asimismo, la población desplazada debe enfrentar las modificaciones de su manera habitual de vida y adaptarse a las condiciones paupérrimas del lugar receptor, pues no hay que olvidar que esta población generalmente se re-ubica en zonas marginales de la ciudades (aunque puede variar el lugar de asentamiento de lo rural a lo rural, de lo rural al casco urbano de los municipios o grandes ciudades, y dentro de la misma ciudad) o en otros casos se ve en la obligación de compartir una vivienda con familiares o conocidos, lo cual crea nuevos conflictos dentro del núcleo familiar, acompañado del deterioro de las relaciones.^[16]

Desde 1985 al 2000, a la capital del país llegaron 230 mil personas desplazadas, de las cuales el 48% eran pequeños propietarios y el 43% carecían de propiedades; a muchos les toco dejar sus pertenencias o venderlas a precios irrisorios, lo que los obligó a insertarse en los bordes de las ciudades -o ciudad informal- en condiciones generalmente marginales y de extrema pobreza,^[17] donde el acceso a la tierra es más factible al estar al margen de la planificación urbana y del mercado inmobiliario formal; estas zonas se caracterizan por ser de alto riesgo geológico, carecer de servicios públicos, saneamiento básico (alcantarillado para agua residuales y potable) y equipamientos (colegios, puestos de salud, vías, transporte), y cuya única seguridad de la tenencia es un certificado de compra venta.^[18]

Esta situación a la que se ven expuestas los desplazados en la ciudad de Bogotá, se agudiza por las dinámicas de expansión de la ciudad, que aumentó especialmente entre los años 80 y 90, dificultando aún más el acceso efectivo a la vivienda De esta forma, el anhelo de los sujetos de tener algo propio hace que la autoconstrucción se imponga como el principal método para construir ciudad, todo ello a pesar de los esfuerzos que el Estado emprendió para ofrecer vivienda en mejores condiciones de las que ofrecían las urbanizaciones “piratas”.^[19]

Las condiciones precarias en los lugares de reasentamiento de la población desplazada reafirman la tragedia sufrida al encontrarse inmersos en el caos de la ciudad que también plantea exigencias hasta ahora desconocidas para esta población. Por un lado tenemos que los oficios aprendidos y desempeñados a lo largo de sus vidas poco o nada les sirven en este contexto; la mayoría de los desplazados tienen bajos niveles de escolaridad lo que les dificulta la generación de ingresos económicos; por eso tienen como únicas opciones el mercado informal (ventas ambulantes), el servicio doméstico, ayudante en construcción, etc., oficios que son inestables y sobreexplotados; pocos pueden emplearse logrando contratos de trabajo que le garanticen un salario mínimo legal vigente.^[20] Como señala Marx en su libro El Capital tomo 1,^[21] son campesinos que entran a vender su fuerza de trabajo a las condiciones que coloque el empleador posicionándose como mano de obra barata.

Condiciones que se ratifican hoy en día pese a que con la ley 387 de 1997 el Estado también reconoce su responsabilidad frente a las afectaciones generadas a las víctimas del conflicto armado por su ausencia y falta de protección, y por ello establece un compromiso a nivel de la rama ejecutiva desde los actos administrativos para generar políticas públicas que garanticen los derechos de la población desplazada, aunque en muchas ocasiones los derechos que se pretenden restablecer a la población víctima se siguen violentando. Ejemplo de ello es el “derecho a la ciudad” y las garantías de no repetición:

Sin embargo estos proyectos son desarrollados en zonas periféricas donde el precio del suelo permita construir viviendas que no superen los 70 SMMLV, lejanas de zonas estratégicas de la ciudad, ocasionado costos monetarios para la familia y tiempo adicional de desplazamiento a los centros educativos, servicios de salud y trabajo.^[22]

Con base en lo anterior, se evidencia que estas VIP presentan por lo general condiciones similares a las zonas informales, con un limitado acceso a equipamientos (salud, recreación, educación), movilidad y empleo formal contiguo, aglomeración y aislamiento con personas en condiciones similares a ellos, poniendo en entre dicho los criterios de vivienda digna y negando un efectivo derecho a la ciudad.

Y es que el derecho a la ciudad implica retornar, reivindicar la ciudad como parte del sujeto, crear arraigo, relaciones cara a cara, identidad territorial, recuperación del espacio público (un entorno bello), brindar seguridad, y posibilitar la conexión con oferta de servicios; en últimas, que el sujeto tenga niveles de incidencia respecto al lugar donde reside, enmarcados en su proyecto de vida, pudiendo participar en ámbitos decisorios;^[23] en otras palabras, el derecho a la ciudad busca garantizar esa conexidad con todo lo que ofrece la ciudad, permitiendo convivir con la diferencia, con la diversidad.

Es de notar que cuando la ley nombra a este grupo solo como víctimas, se niegan todas las potencialidades que aquél posee, se despersonaliza, se pierde la identidad y su origen, y se fortalecen ideas erradas de lo que es este grupo social; en este sentido las políticas focalizadas son uno de los problemas más evidentes del Estado colombiano para brindar soluciones a las víctimas del DF ya que estas son radicalistas y discriminatorias al reafirmar imaginarios de preferencias y crear resentimientos entre civiles.^[24]

Se debe tener en cuenta que, así como la reivindicación de los derechos a las víctimas de DF es legítima, la homogeneización y la purificación forzadas de una población diversificada destruyen la idea misma de ciudadanía, porque no se ha contemplado que las condiciones del espacio y el poder siempre son diversas.

Las afectaciones de las familias victimas al estar en medio de focos de violencia e intereses particulares no solo se dieron en sus lugares de origen, sino que se reafirman a través de las intervenciones estatales que en ocasiones deshumanizan a la persona, la homogenizan y las ubican en zonas donde no se han hechos estudios sociales para tener certeza de que no se repetirá el hecho violento, negándole así el derecho no solo a tener un bienestar sino el acceso a la ciudad.

Situación que se reafirma cuando se reubica a esta población en contextos que tienen problemas de convivencia y son focos de violencia activa por la escases de recursos económicos, estructurales (colegios, hospitales, movilidad, empleo), entre otros, que entran a ser disputados con los nuevos residentes, lo que aumenta el riesgo de repetir las historias dramáticas.

Esto hace pensar en la necesidad de re-estructurarnos como ciudad, como territorio, de hacer un análisis riguroso sobre las condiciones del micro-territorio. Es necesaria una intervención en clave de género, de raza, de condición social, de enfoque diferencial de pensar el problema y las soluciones en toda su magnitud, solo así podremos garantizar el derecho a la ciudad.

^[2] Alfred Schutz, El Forastero. Ensayo de Psicología Social, en El extranjero. Sociología del Extraño 94 (Georg Simmel et al. eds., Madrid: Sequitur, 2012).

^[3] Grupo de Memoria Histórica, ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad 71 (Bogotá: Imprenta Nacional, 2013) [GMH, ¡Basta Ya!].

^[4] Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia, Catedra de Desplazamiento Forzado. Módulo 6: Impactos Psicosociales del Desplazamiento, http://www.piupc.unal.edu.co/catedra01/a_modulo6.html (visitada por última vez el 14 de marzo de 2016).

^[11] También es consecuencia del carácter fragmentado de la geografía nacional y la capacidad del Estado de llegar a todas las regiones.

^[15] Véase, e.g., GMH, ¡Basta Ya!, en 73, cita del Informe Segovia y Remedios.

^[16] Marta Inés Bustamante Quintero & Carolina Ocampo Isaza, Mujeres y Desplazamiento Forzado: Una Mirada Relacional (2010) (tesis de pregrado, Universidad de Antioquia).

^[17] Marta Nubia Bello, Las Familias Desplazadas por la Violencia: Un Tránsito Abrupto del Campo a la Ciudad, 2 Revista de Trabajo Social 113 (2000) [Bello, Las Familias].

^[18] Eva María Juan Toset, Aportes desde el Trabajo Social al Análisis de la Dimensión Territorial en los Procesos de Exclusión. Una Aproximación al Ejercicio Profesional en el Ámbito Territorial, 23 Cuadernos de Trabajo Social, 125, 157-158 (2010).

^[19] Véase Fabio Zambrano, Usme: Urbanización y Cambios en la Vida Urbana, en Pasado Presente y Futuro de la Localidad de Usme 20 (Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2005): de acuerdo con Zambrano, esta urbanización la hacía un “empresario de tierras”, quien compraba haciendas y la parcela para venderla por lotes.

^[22] Carlos Alberto Torres Tovar & Johanna Eloísa Vargas Moreno, Vivienda para Población Desplazada en Colombia. Recomendaciones para la Política Pública y Exigibilidad del Derecho, 66 Revista INVI, n.° 22, 17 (2009).

^[23] Jordi Borja, Ciudadanía y Globalización, 22 Revista del CLAD Reforma y Democracia, 1 (2002).